Este 2024, ha entrado en vigor la condicionalidad de la Política Agraria Común (PAC). Esta nueva medida impone penalizaciones a los beneficiarios de las ayudas que cometan infracciones en la normativa laboral en sus explotaciones. Se les recortará parte de la cuantía de las ayudas.
Con el objetivo de fortalecer la ética laboral, desde el 1 de enero de 2024 se ha comenzado a aplicar la condicionalidad social. Esta novedad de la PAC establece la obligatoriedad del cumplimento de los derechos laborales para recibir la totalidad de las ayudas. Además, será necesario respetar los derechos ambientales, agronómicos y el bienestar animal para no sufrir reducciones en las subvenciones.
¿Qué implica la condicionalidad de la PAC?
Esta medida responde al actual período de la PAC. Además de incorporar una nueva perspectiva ecológica basada en objetivos medioambientales y climáticos, busca desarrollar una agricultura socialmente sostenible mediante la concienciación sobre la normativa laboral y la protección social.
Estas nuevas obligaciones se han comenzado a aplicar en España desde el 1 de enero de 2024 con la colaboración de las autoridades laborales, aunque sus efectos no se verán hasta el 31 de enero de 2025, fecha en la que se recopilarán todas las sanciones del año.
Según lo establecido en la regulación de la PAC, las infracciones laborales podrían resultar en recortes de las ayudas que van desde un 3% hasta el 100% de la subvención.
Reacciones dispares
La nueva medida ya ha generado mucha polémica y controversia. Algunos profesionales han cuestionado la carga ideológica y el riesgo de doble penalización, dado que las infracciones laborales ya estaban sancionadas de otra manera. Otros agricultores temen que la medida genere más burocracia y retrase los pagos de las ayudas. Por otro lado, algunos agricultores aplauden que el cumplimiento de los derechos laborales se considere como un requisito esencial para acceder a las ayudas.
