El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que obliga a ciertas empresas y a toda la Administración General del Estado a calcular y publicar su huella de carbono. Además, deberán establecer planes para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero.
¿Qué implica esta nueva normativa?
El nuevo Real Decreto, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. También amplía el registro de huella de carbono que existe desde 2014. A partir de ahora, las empresas incluidas en la Ley 11/2018 y todos los organismos de la Administración General del Estado tendrán que medir su impacto ambiental y diseñar estrategias para reducirlo.
El registro de huella de carbono permite a las organizaciones españolas calcular sus emisiones, compensarlas con proyectos forestales y contribuir a la absorción de dióxido de carbono. Según el MITECO, ya se han inscrito más de 14.250 huellas de carbono y se han repoblado 23.348 hectáreas en España.
¿A quién afecta y qué deben hacer?
Las empresas obligadas a cumplir esta norma son aquellas que formulen cuentas consolidadas, tengan más de 500 empleados o sean consideradas grandes empresas según la Ley 11/2018. Ahora, deberán calcular su huella de carbono y publicar un plan para reducir sus emisiones.
Por otro lado, todos los organismos de la Administración General del Estado deberán hacer lo mismo. Esto incluye ministerios, organismos autónomos y entidades del sector público administrativo estatal.
¿Qué beneficios aporta calcular la huella de carbono?
Según la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, medir la huella de carbono ayuda a reducir emisiones, mejorar procesos productivos, ser más eficientes y menos dependientes de los combustibles fósiles. Además, fomenta la innovación y mejora la competitividad.
Para el sector agroganadero, esta normativa es una buena noticia. Se espera que más empresas busquen compensar sus emisiones, lo que puede traducirse en beneficios económicos para los agricultores. El suelo agrícola actúa como un sumidero de carbono, atrapando CO2 y evitando su liberación a la atmósfera. Gracias a este proceso los agricultores pueden generar créditos de carbono, que luego pueden vender a empresas interesadas en compensar sus emisiones. Esto no solo ayuda a la sostenibilidad, sino que también puede representar un ingreso adicional para el sector.
