El pasado 3 de marzo comenzó la consulta pública previa a la elaboración de la Ley de Agricultura Familiar en España. Se trata de una norma muy demandada por los agricultores y ganaderos que busca fortalecer este modelo productivo, clave en el abastecimiento de alimentos y en la economía de las zonas rurales.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció este paso en el Congreso Federal de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), una de las organizaciones que han insistido en la necesidad de esta regulación. «Damos el pistoletazo de salida a un proceso en el que queremos trabajar con el sector«, aseguró Planas, destacando que la ley busca garantizar una retribución justa para los productores.
¿Por qué es importante esta ley?
En España, el 80 % de las 914.000 explotaciones agrarias tienen como titular a una persona física. La agricultura y ganadería familiar desempeñan un papel estratégico, no solo en la producción de alimentos, sino también en la lucha contra el despoblamiento y el cambio climático. Sin embargo, enfrenta graves desafíos: falta de relevo generacional, problemas de acceso a la tierra y la financiación, precios injustos y falta de reconocimiento del trabajo de la mujer en el campo.
La futura ley pretende responder a estas problemáticas con medidas concretas. Entre ellas, priorizar las ayudas públicas a las explotaciones familiares, facilitar el acceso a la tierra, fomentar el relevo generacional y promover la digitalización en el sector.
Propuestas clave de la nueva ley
El Gobierno quiere que la Ley de Agricultura Familiar defina y reconozca oficialmente a las explotaciones familiares, estableciendo criterios claros sobre sus características y sus titulares. Además, se plantea la creación de «Zonas de Protección Agraria» para preservar estas explotaciones en zonas rurales y evitar su desaparición.
Otra de las grandes demandas del sector es garantizar precios justos. UPA insiste en la necesidad de reforzar la posición de la agricultura familiar dentro de la cadena agroalimentaria, asegurando una distribución de beneficios más equitativa. Esto podría incluir medidas como el etiquetado de origen obligatorio, la flexibilidad en normativas higiénico-sanitarias y el impulso a la venta directa y las cadenas cortas de comercialización.
La experiencia con la Ley de la Cadena Alimentaria ha demostrado que una regulación adecuada puede mejorar la situación de los agricultores. «Hoy podemos denunciar abusos. Confiamos en que esta ley sirva para frenar el cierre de explotaciones y evitar que fondos de inversión se apoderen del campo», afirman desde UPA.
Un paso clave para el futuro del campo
El inicio de la consulta pública marca el primer paso en un proceso legislativo que podría cambiar el panorama de la agricultura familiar en España. Agricultores y ganaderos tienen ahora la oportunidad de hacer llegar sus propuestas y necesidades al Gobierno a través de este enlace.
La agricultura y la ganadería familiar siguen siendo la base del sistema agroalimentario español. Esta ley busca garantizar su viabilidad y ofrecer un futuro a las nuevas generaciones que quieren seguir trabajando la tierra. Como destacan desde el sector, «puede que mañana sea tarde».
